El Gobierno de Finlandia está implementando otra medida de ahorro que podría afectar la vida de los inmigrantes en el país nórdico, según informa el periódico Helsingin Sanomat. Se trata de una propuesta de ley que busca disminuir la financiación destinada a la integración de inmigrantes. Según el Gobierno, su objetivo es fortalecer la responsabilidad de los propios inmigrantes en su proceso de integración en Finlandia. La propuesta está siendo tratada en el Parlamento y de ser aprobada, la financiación para la integración sería reducida a partir de 2025.
¿Qué implicaría la propuesta?
Con esta propuesta de ley, el Gobierno busca reducir el período de pago de la compensación que otorga a los municipios por la prestación de servicios que promueven la integración de personas refugiadas. La propuesta también implicaría un endurecimiento de los subsidios para la interpretación y, además, el apoyo para la transición a la vida adulta de los jóvenes que llegaron a Finlandia como menores sin tutor legal se terminaría dos años antes, es decir, a los 23 años en lugar de los actuales 25.
Los principales objetivos de la ley son fomentar la iniciativa propia de los inmigrantes y reducir la cantidad de tareas relacionadas con la integración en los municipios, además de reducir gastos públicos.
Riesgos y consideraciones
El Gobierno estima que con esta nueva ley, el Estado finlandés ahorraría 27,4 millones de euros para el año 2028. Sin embargo, el propio Gobierno reconoce que los ahorros podrían ser inferiores a lo anticipado, dado que muchos inmigrantes podrían necesitar una mayor cantidad de servicios, tales como atención en salud mental o asistencia social, al no recibir una adecuada integración, lo que resultaría en un aumento de otros gastos públicos.
El Gobierno finlandés y el Ministerio de Finanzas admiten que la propuesta también podría conllevar otros riesgos. Por ejemplo, las dificultades en acceder a los servicios podrían desmotivar a los inmigrantes en su búsqueda de empleo. Además, la ley no tendría los mismos efectos en todos los municipios, sino que podría afectar más a unos que a otros. Por último, el Gobierno reconoce la necesidad de examinar las implicaciones de esta ley desde la perspectiva de los derechos humanos.