En Dinamarca se puede exigir realizar trabajos obligatorios hasta 37 horas por semana para recibir ayudas.
La presidenta del partido Perussuomalaiset y ministra de Finanzas, Riikka Purra, hizo la propuesta en el Parlamento el jueves.
La idea ha sido analizada por investigadores y se afirma académicamente que en Finlandia algo similar no sería fácil.
Qué dijo Riikka Purra en el Parlamento el pasado jueves 12.2.2026?
Lo expuesto por Riikka Purra, presidenta de Perussuomalaiset y ministra de Finanzas, en sesión del Parlamento es que debería exigirse a los inmigrantes trabajar para poder recibir ayudas sociales, tomando como ejemplo el modelo de Dinamarca.
En Dinamarca, la seguridad social, especialmente la ayuda básica y de último recurso, está vinculada a una obligación semanal de trabajo de 37,5 horas. Esta obligación afecta en particular a extranjeros e incluye tareas simples como limpieza o recogida de ramas, que no quitan empleo real a nadie, dijo Purra en febrero en Suomen Uutiset.
De acuerdo con la Ministra Purra, para los inmigrantes que trabajan en sectores de bajos salarios resulta hoy demasiado atractivo depender de las ayudas, ya que el salario de un trabajo duro e irregular no puede competir con la seguridad social.
Es poco probable que el actual gobierno lleve adelante la propuesta de Purra. Los partidos ya están preparando sus propias propuestas para las próximas elecciones parlamentarias.
Cómo funciona el modelo Danés?
La obligación laboral existente se amplió el verano pasado. Ahora se aplica a personas que en diez años han vivido menos de nueve años en Dinamarca y han trabajado menos de 2,5 años a tiempo completo.
En la práctica, afecta sobre todo a inmigrantes, pero también a desempleados de larga duración y a daneses que regresan al país. Cumplir la obligación laboral es requisito para recibir prestaciones sociales.
La obligación puede ser de hasta 37 horas semanales, aunque puede reducirse si la capacidad de trabajo de la persona está debilitada.
Los municipios organizan estos trabajos. Deben ser útiles de algún modo, pero no pueden sustituir empleos del mercado ni distorsionar la competencia.
Ejemplos mencionados por la autoridad laboral danesa incluyen recoger basura, clasificar ropa desechada, limpiar oficinas de correos, y tareas de apoyo en residencias de cuidado.
La obligación no siempre consiste solo en trabajo: también puede incluir formación y servicios que promuevan el empleo.
En el caso de inmigrantes, la enseñanza del idioma puede representar unas 15 horas semanales de la obligación de 37 horas.
También pueden contarse cuatro horas semanales de búsqueda activa de empleo, que debe realizarse en instalaciones municipales o lugares designados para poder supervisarla.
Asimismo, la obligación puede cumplirse mediante trabajo remunerado. Un beneficiario puede ganar hasta 5.000 coronas (unos 670 euros) al mes sin que se reduzca la prestación.
¿El modelo es viable en Finlandia?
Trasladar el modelo danés a Finlandia no sería fácil, afirma el profesor investigador del Instituto Finlandés de Salud y Bienestar (THL), Pasi Moisio.
La Constitución finlandesa y su interpretación otorgan también a los inmigrantes un derecho excepcionalmente fuerte a la asistencia social de último recurso.
Por ello, obligaciones como las del modelo danés son más difíciles de aplicar en la ayuda de subsistencia finlandesa.
Mientras que en Dinamarca las prestaciones pueden negarse completamente, en Finlandia la ayuda de último recurso solo puede reducirse de forma limitada.
Además, Finlandia carece de servicios de empleo e integración tan amplios y de alta calidad como los de Dinamarca, y organizar trabajos obligatorios es costoso.
Adoptar el modelo danés requeriría grandes inversiones y que los responsables políticos dieran más peso a las obligaciones de los desempleados que a sus derechos.
Moisio resume que Finlandia se diferencia de otros países nórdicos en que su seguridad social se centra en transferencias monetarias pasivas, con pocas obligaciones u oportunidades de servicios y contacto presencial. Esto afecta tanto a las prestaciones de desempleados de larga duración e inmigrantes como a las de enfermedad e incapacidad.