
La Defensora Adjunta del Pueblo, Susanna Lindroos-Hovinheimo, publicó el pasado 13 de noviembre el acta de inspección EOAK/8318/2026 en el sitio oficial de la Oficina del Defensor del Pueblo Parlamentario de Finlandia, donde presentó los resultados de la visita realizada al Servicio de Inmigración de Finlandia (Migri) a raíz de las quejas sobre los largos tiempos de tramitación. Esta inspección reveló que los procesos más afectados por esta problemática son las solicitudes de ciudadanía, los permisos de residencia por vínculos familiares y los permisos de residencia permanente.
Durante la inspección se puso de manifiesto que, en la actual legislatura, se han realizado cambios continuos en la legislación sobre extranjería e inmigración. Las reformas se han centrado especialmente en la actualización de las normas sobre permisos de residencia, el desarrollo de los procedimientos de protección internacional, la implementación del Pacto de Migración y Asilo de la UE, la reforma de la ley de ciudadanía, las normas de expulsión del país y la regulación del intercambio de información entre autoridades; además, aún hay proyectos legislativos en trámite (pág. 2).
Los mayores problemas se detectaron en las solicitudes de permisos de residencia basadas en vínculos familiares. Solo el 61 por ciento de estas solicitudes se tramitaron dentro del plazo legal de nueve meses en 2026. Este escenario ha provocado que los retrasos no solo estén vinculados con los continuos cambios en la legislación migratoria, sino también con la insuficiencia de recursos de Migri.
Asimismo, un representante de Migri afirmó que los ministerios encargados de preparar los cambios legislativos han sobrecargado cada vez más a la agencia (incluyendo las amplias modificaciones en los sistemas informáticos que estas reformas exigen) y no siempre han tomado en cuenta su opinión sobre la aplicabilidad práctica de las leyes. Por su parte, los representantes de la entidad señalaron que la cooperación con otras autoridades es fundamental para agilizar esta labor, tales como las misiones diplomáticas (embajadas y consulados) de Finlandia.
Este informe además fue derivado al Ministerio del Interior y al Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo, con el fin de obtener una respuesta a las observaciones con fecha límite al 1 de marzo de 2027. Con este seguimiento institucional, la Defensoría busca verificar que los ministerios adopten medidas para que el Servicio de Inmigración cuente con los recursos acordes a las exigencias legales y pueda resolver los expedientes dentro de los plazos establecidos por la ley.
Fuente: Yle.fi