El gobierno ha presentado al Parlamento una serie de medidas relacionadas con la inmigración, incluida la introducción de una prueba de ciudadanía. El Parlamento finlandés comenzará a revisar estas propuestas, que también abordan deportaciones y procesos de asilo externalizados, tras su presentación por el Ejecutivo del Partido del Congreso Nacional (PCN) liderado por Petteri Orpo.

Una de las principales medidas es la creación de un examen de ciudadanía, previsto para entrar en vigor a principios de 2027. Los solicitantes deberán aprobar una prueba en finés o sueco como parte de los requisitos para obtener el pasaporte finlandés. Este examen se sumaría a las condiciones ya existentes, como el tiempo de residencia, los antecedentes penales y los ingresos.

La prueba constaría de entre 20 y 40 preguntas de opción múltiple, con un umbral de aprobación cercano al 70%. Los contenidos incluirían temas como la historia y cultura finlandesas, los derechos humanos y la igualdad, y su desarrollo estaría a cargo de una institución de nivel universitario.

El año pasado, 14.067 personas obtuvieron la ciudadanía finlandesa. Según el memorándum que acompaña la propuesta, la introducción del examen podría reducir el número de solicitudes. Sin embargo, la ministra del Interior, Mari Rantanen, rechazó que ese sea el objetivo: “Se trata de exigir que quienes buscan la ciudadanía cumplan activamente las condiciones establecidas por la ley”.

Además, el gobierno impulsa medidas para acelerar las deportaciones de solicitantes de asilo rechazados y endurecer las prohibiciones de entrada, incluso por motivos de seguridad nacional. Estas restricciones podrían aplicarse tanto a Finlandia como a toda la zona Schengen.

Por último, una tercera propuesta busca implementar el pacto migratorio de la Unión Europea, que permitiría trasladar los procesos de asilo a terceros países seguros fuera de la UE. Según Rantanen, se trata de una reforma significativa que también implicaría controles más estrictos para evaluar posibles riesgos de seguridad entre los inmigrantes indocumentados.

A propuesta del gobierno finlandés de establecer un examen obligatorio de ciudadanía ha generado una fuerte preocupación entre especialistas en integración y organizaciones que trabajan con personas migrantes. Aunque el proyecto de ley llegará al Parlamento en abril y podría entrar en vigor el próximo año, varios aspectos esenciales siguen sin definirse, especialmente el contenido de la prueba y los materiales de estudio.

El examen forma parte de un paquete más amplio destinado a endurecer las normas de ciudadanía, que ya había elevado los requisitos de residencia y autosuficiencia económica. La nueva fase contempla una prueba informatizada en finlandés o sueco, con preguntas de opción múltiple y afirmaciones de verdadero o falso. Sin embargo, el gobierno aún no ha presentado un manual oficial ni una estandarizada, señalando únicamente que las preguntas se basarán en «materiales ampliamente disponibles», algo que, según Nancy Riikola Burton, portavoz de la Asociación de Remigrantes de Finlandia, resulta insuficiente y poco transparente.

Els costo es otro punto crítico, como señala Panu Puhakka, de la ONG Familia Ry. Además de las tasas ya existentes – como certificaciones lingüísticas, traducciones y el propio trámite de ciudadanía – el nuevo examen añadirá un gasto adicional significativo. Las estimaciones indican que cada candidato podría pagar entre 235 y 470 euros, dependiendo del número de participantes anuales. para muchos inmigrantes, especialmente aquellos con ingresos bajos, este monto podría convertir el proceso en algo inaccesible.

Organizaciones que trabajan con familias multiculturales advierten también sobre una paradoja: mientras el gobierno busca medir el nivel de integración de los inmigrantes, los recursos destinados a programas de integración han sido reducidos. Bahar Mozaffari à Yle News, especialista en integración sostenible, destaca además el riesgo de discriminación indirecta, ya que la prueba podría terminar evaluando más el nivel educativo, la familiaridad con exámenes estandarizados o la alfabetización digital que el conocimiento cívico real. Grupos con menor escolaridad, personas con discapacidad, adultos mayores o queines tienen baja competencia lingüística serían los más vulnerables.

Las modificaciones sucesivas a la Ley de Ciudadanía y el clima político más restrictivo han alimentado un creciente sentimiento de inseguridad entre inmigrantes, que expresan dudas sobre su lugar en la sociedad finlandesa. Para muchos, el proceso deja de ser un simple trámite administrativo y pasa a simbolizar una cuestión más profunda: la sensación de tener que demostrar continuamente si realmente son bienvenidos en el país.

Fuente: Yle