A propuesta del gobierno finlandés de establecer un examen obligatorio de ciudadanía ha generado una fuerte preocupación entre especialistas en integración y organizaciones que trabajan con personas migrantes. Aunque el proyecto de ley llegará al Parlamento en abril y podría entrar en vigor el próximo año, varios aspectos esenciales siguen sin definirse, especialmente el contenido de la prueba y los materiales de estudio.

El examen forma parte de un paquete más amplio destinado a endurecer las normas de ciudadanía, que ya había elevado los requisitos de residencia y autosuficiencia económica. La nueva fase contempla una prueba informatizada en finlandés o sueco, con preguntas de opción múltiple y afirmaciones de verdadero o falso. Sin embargo, el gobierno aún no ha presentado un manual oficial ni una estandarizada, señalando únicamente que las preguntas se basarán en «materiales ampliamente disponibles», algo que, según Nancy Riikola Burton, portavoz de la Asociación de Remigrantes de Finlandia, resulta insuficiente y poco transparente.

Els costo es otro punto crítico, como señala Panu Puhakka, de la ONG Familia Ry. Además de las tasas ya existentes – como certificaciones lingüísticas, traducciones y el propio trámite de ciudadanía – el nuevo examen añadirá un gasto adicional significativo. Las estimaciones indican que cada candidato podría pagar entre 235 y 470 euros, dependiendo del número de participantes anuales. para muchos inmigrantes, especialmente aquellos con ingresos bajos, este monto podría convertir el proceso en algo inaccesible.

Organizaciones que trabajan con familias multiculturales advierten también sobre una paradoja: mientras el gobierno busca medir el nivel de integración de los inmigrantes, los recursos destinados a programas de integración han sido reducidos. Bahar Mozaffari à Yle News, especialista en integración sostenible, destaca además el riesgo de discriminación indirecta, ya que la prueba podría terminar evaluando más el nivel educativo, la familiaridad con exámenes estandarizados o la alfabetización digital que el conocimiento cívico real. Grupos con menor escolaridad, personas con discapacidad, adultos mayores o queines tienen baja competencia lingüística serían los más vulnerables.

Las modificaciones sucesivas a la Ley de Ciudadanía y el clima político más restrictivo han alimentado un creciente sentimiento de inseguridad entre inmigrantes, que expresan dudas sobre su lugar en la sociedad finlandesa. Para muchos, el proceso deja de ser un simple trámite administrativo y pasa a simbolizar una cuestión más profunda: la sensación de tener que demostrar continuamente si realmente son bienvenidos en el país.

Fuente: Yle

El Parlamento finlandés ha aprobado una serie de enmiendas a la Ley de Ciudadanía que entrarán en vigor el 17 de diciembre de 2025. Estas modificaciones endurecen las condiciones para obtener la ciudadanía finlandesa y forman parte de una estrategia gubernamental en tres fases destinada a reforzar los criterios de nacionalización.

Tres fases del cambio legislativo
La primera fase de la reforma ya había aumentado el tiempo mínimo de residencia exigido antes de poder solicitar la ciudadanía. La segunda fase —la que entra ahora en vigor— se centra en la autosuficiencia económica y la integridad del solicitante, mientras que la tercera fase, aún por implementarse, introducirá un examen de ciudadanía.

Estas medidas han generado preocupación y confusión entre la población inmigrante, especialmente respecto a si los cambios afectarán las solicitudes ya presentadas.
La Oficina de Inmigración de Finlandia (Migri) ha aclarado que todas las solicitudes enviadas antes del 17 de diciembre de 2025 se tramitarán conforme a la legislación actual. En otras palabras, los nuevos requisitos solo se aplicarán a las solicitudes presentadas a partir del 17 de diciembre de 2025.

Principales cambios en los requisitos
1. Requisito de medios económicos suficientes: los solicitantes deberán demostrar que han tenido recursos financieros suficientes durante los dos años previos a la solicitud.
No se considerará que el solicitante cumple este requisito si ha recibido prestaciones por desempleo o asistencia social durante más de tres meses en total en los últimos dos años.
En algunos casos específicos podrán aplicarse excepciones al requisito de ingresos.

2. Comprobación de identidad: las personas que posean un pasaporte para extranjeros (alien’s passport) deberán presentar un pasaporte nacional válido o un documento equivalente que acredite de forma fiable su identidad.

3. Requisito de integridad: las infracciones y delitos tendrán un peso mayor en la decisión de conceder la ciudadanía. Se ampliarán los periodos de espera tras una condena, los cuales podrán ser de entre 1 y 8 años, durante los cuales normalmente no se concederá la ciudadanía.
Además, se hará más énfasis en los aspectos relacionados con la seguridad nacional.

4. Pérdida de la ciudadanía: Será más común la pérdida de la ciudadanía en casos donde se haya proporcionado información falsa o fraudulenta durante la solicitud.
También se podrá retirar la ciudadanía en casos de delitos graves, como terrorismo, traición o alta traición, que conlleven una pena de prisión mínima de seis años.

Más información
La Oficina de Inmigración publicará detalles adicionales sobre los nuevos requisitos en su página web una vez que las enmiendas entren oficialmente en vigor.

Fuente: Yle News – Migri