El Ministerio de Justicia de Finlandia está evaluando la posibilidad de enviar a personas condenadas en el país a cumplir sus penas en prisiones del extranjero. Esta práctica, conocida como outsourcing o externalización penitenciaria, fue presentada este jueves en un informe oficial como una de las alternativas para frenar la creciente sobrepoblación en las cárceles finlandesas.

La ministra de Justicia, Leena Meri (Partido de los Finlandeses), señaló que alquilar espacio carcelario en otros países permitiría aliviar la capacidad del sistema local. Sin embargo, advirtió que la medida enfrenta obstáculos constitucionales que deberán analizarse detenidamente antes de realizar reformas legislativas en las próximas negociaciones de gobierno.

El aumento de la población carcelaria

Según datos de la Agencia de Sanciones Penales de Finlandia (Rikosseuraamuslaitos), la capacidad carcelaria del país se superó en 2024 y la cifra de reclusos continúa en aumento. Actualmente, hay aproximadamente 3.900 personas privadas de libertad en instituciones finlandesas, y se proyecta que la cifra alcance las 4.000 para el año 2028.

El informe destaca un crecimiento significativo en el número de prisioneros de origen extranjero, el cual alcanzó las 950 personas, lo que representa un incremento del 75% durante la última década. De acuerdo con la ministra Meri, este grupo demográfico explica cerca de cuatro quintas partes del crecimiento total de la población penal registrada entre 2017 y 2026. Los delitos más frecuentes entre los extranjeros condenados corresponden a infracciones por drogas, delitos sexuales y homicidios. Este incremento coincide con el endurecimiento de las penas promovido tanto por el gobierno anterior de Sanna Marin como por la administración actual del primer ministro Petteri Orpo.

Planes locales y el espejo del acuerdo Suecia-Estonia

Mientras se evalúa la vía legal para el exterior, Finlandia planea habilitar 500 nuevas plazas penitenciarias en el ámbito local mediante unidades modulares en Helsinki, Hämeenlinna y Kylmäkoski para el próximo año, sumadas a una nueva ala en la prisión de Turku prevista para 2028.

En el plano internacional, el informe ministerial citó como referencia el pacto suscrito el año pasado entre Suecia y Estonia, mediante el cual Estocolmo reserva 300 plazas en la prisión de Tartu por un coste de 30,6 millones de euros anuales (aproximadamente 102.000 euros por recluso al año). A modo de comparación, Finlandia invierte unos 80.000 euros anuales por cada preso. No obstante, las autoridades finlandesas aclararon que aún no han iniciado negociaciones formales con ningún país y ven poco probable un acuerdo similar con Estonia, dado que las autoridades estonias no han mostrado disposición para firmar nuevos convenios de este tipo.

Datos clave de la situación penitenciaria:

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