El 9 de febrero el gobierno de Nicaragua liberó y expulsó del país a 222 presos políticos con destino a los Estados Unidos de América.
Fue un movimiento sorpresivo por parte el régimen de Daniel Ortega, pero bienvenido por el gobierno americano con lo que se abrió un canal de comunicación con el gobierno del país centroamericano.
Entre los liberados se encuentran dirigentes sandinistas, líderes políticos opositores, estudiantes y miembros del cuerpo eclesiástico nicaragüense.
Seis días después de este movimiento sorpresivo, el gobierno de Ortega declaró a 94 personas adicionales como “traidores a la patria” y se unieron a los 222 presos políticos liberados en ser despojados de su nacionalidad nicaragüense.
Al día siguiente a esta decisión el gobierno de España anunció que ofrecerá la nacionalidad española “a cualquier ciudadano de Nicaragua que en el futuro pueda quedar en situación apátrida por las decisiones del gobierno de Daniel Ortega”.
Fue el único país iberoamericano en hacer dicha oferta, lo que causó críticas por parte de académicos y de los miembros de la sociedad civil latinoamericana.
Chile, seguido por Colombia fueron los únicos países de la región, que expresaron su crítica a estas decisiones.
Apenas el 21 de febrero, los gobiernos de Argentina y Chile, dieron a conocer que ofrecen la nacionalidad a las más de 300 personas opositoras expatriadas en Nicaragua.