En el Día Internacional de la Mujer, el episodio de racismo contra Daniela Owusu en 2024 reabre el debate sobre cómo investigan y juzgan los delitos en Finlandia y si hay perspectiva de género en dichas actuaciones.

Cuando Daniela Owusu fue elegida Lucía de Finlandia en 2024, celebró el momento con una frase que pronto adquiriría un significado inesperado: “Estoy muy feliz de ser coronada Lucía. Esto demuestra que cualquiera puede ser Lucía”.

Luego de la ola de insultos racistas que siguió a su elección, empezó una investigación de la que no se conoce públicamente una sentencia firme contra todos los responsables.

Un símbolo de luz que desató polémica

Owusu, originaria de Kirkkonummi, tiene raíces multiculturales: su padre es ghanés y su madre sueco-finlandesa. Al aceptar la corona de Lucía difícilmente podía imaginar que aquel reconocimiento público marcaría también el inicio de una dura experiencia personal y de un proceso  del que no se conoce sentencia en firme para todos los autores.

La elección de Lucía es una tradición de origen católico medieval, profundamente arraigada entre los finlandeses de habla sueca y hoy integrada en una sociedad mayoritariamente luterana y secular. Cada año la joven elegida simboliza la luz en el invierno nórdico y visita hospitales, residencias de mayores y centros sociales. Los fondos recaudados durante la campaña de Lucía se destinan a apoyar causas benéficas a través de la organización Folkhälsan.

Durante su candidatura, Owusu había expresado su deseo de representar una Finlandia más diversa:

“Sería importante tener una Lucía que represente el multiculturalismo y demostrar que Lucía puede lucir de muchas maneras diferentes”.

La tormenta en redes sociales

Poco después de su elección, ella, su familia y la organización Folkhälsan comenzaron a recibir una avalancha de mensajes de odio en redes sociales. Diversos medios finlandeses documentaron más de 10.000 comentarios, muchos con insultos raciales e incluso amenazas de muerte.

Los ataques se centraban en el color de piel de la joven y cuestionaban que pudiera representar una tradición que durante décadas estuvo asociada a otros rasgos físicos.

El episodio abrió un intenso debate nacional sobre racismo, diversidad y actuaciones de odio en internet, ampliamente documentado por medios finlandeses.

La reacción institucional fue inmediata. El presidente Alexander Stubb calificó los ataques de “impactantes e inequívocamente erróneos” y expresó su solidaridad con la joven. El primer ministro también se pronunció públicamente durante las celebraciones navideñas del 2024.

Recientemente contactamos a la Defensoría del Pueblo para conocer las acciones de dicha entidad sobre este asunto; la Responsable de Medios manifestó que el Defensor Adjunto se reunió con Daniela Owusu y con Folkhälsan para ofrecer asesoramiento institucional. También se contactó con la Policía de Helsinki para asegurar que se realizaran investigaciones penales adecuadas contra quienes difundieron discursos de odio potencialmente ilegales.

Una investigación sin resultados visibles

Pese a la atención pública, hasta ahora no se conoce un resultado judicial concluyente contra todos los autores.

En su momento, el investigador principal del caso, Juha-Matti Suominen, señaló en un correo electrónico a un medio de comunicación que se trataba de una investigación rutinaria que no presentaba dificultades especiales.

La ausencia de resultados definitivos y públicos plantea interrogantes sobre la protección de la persona que el sistema penal finlandés denomina asianomistaja, es decir, la parte perjudicada por un delito. En el proceso penal finlandés la víctima tiene derecho a que se determine la responsabilidad penal del autor o autores y, si lo desea, reclamar indemnización por los daños sufridos.

La participación de la víctima en algunas investigaciones

En Finlandia, la persona perjudicada puede participar activamente en el proceso penal, esto es, presentar reclamaciones, aportar pruebas y apoyar la acusación.

Sin embargo, cuando los delitos se producen en redes sociales, la investigación depende en gran medida de pruebas técnicas y de la identificación de usuarios, esto escapa a las posibilidades de actuar de la víctima y puede ralentizar los procesos.

En este caso, la atención mediática ha mantenido el asunto en la agenda pública. De lo contrario, podría haberse convertido en una anécdota. Muchas agresiones contra mujeres quedan invisibles cuando el sistema no responde con la rapidez y la sensibilidad necesarias.

No es lo mismo juzgar un hurto o un accidente de tráfico que delitos como la agitación étnica contra una mujer, la violencia sexual o el feminicidio. Estos hechos requieren investigaciones capaces de comprender su contexto y el tipo de víctima afectada.

Existe un viejo dicho jurídico según el cual «el paso del tiempo es la verdad que huye” y ello crea una sensación de desesperanza, en la medida que transcurren los años sin decisión en justicia.

En casos como este, la sociedad espera saber si hubo responsables, qué sanción se impuso y qué reparación se ordenó. Sin esas respuestas, la confianza pública en la justicia se debilita.

En el contexto del 8 de marzo, el caso de Daniela Owusu deja una pregunta abierta y urgente: ¿está preparado el sistema penal para responder con eficacia a los delitos que muchas mujeres sufren?

La discusión continúa.